El Metro y Movimiento Democrático

Estos días asistimos a una de las campañas de desprestigio y desinformación mejor orquestadas por la caverna mediática de este país. La huelga de los trabajadores del metro de Madrid, calificada por esos mismos medios de “salvaje” “kale borroka sindical” y otras lindezas parecidas, pretende presentar ante la opinión pública a unos “privilegiados” egoístas e insolidarios “con trabajo fijo”, agravado el escarnio por el hecho de ocultar que no son funcionarios públicos, sino trabajadores por cuenta ajena de una empresa cuya titularidad es de la Comunidad Autónoma de Madrid, como lo podría ser de Manolo el del Bombo.

Una empresa que, como tantas otras, está sujeta a un convenio colectivo (regulado por ley) firmado por las partes, donde se pactan las retribuciones (pacta sunt servanda) no siendo establecidas por gobierno alguno, como ocurre en el caso del funcionariado.

Decía Pérez Reverte, allá por 1998 en un artículo profético titulado “Los amos del mundo” :

“….entonces resulta que mientras el beneficio era privado, los errores son colectivos, y las pérdidas hay que socializarlas, acudiendo con medidas de emergencia y con fondos de salvación para evitar efectos dominó y chichis de la Bernarda. Y esa solidaridad, imprescindible para salvar la estabilidad mundial, la paga con su pellejo, con sus ahorros, y a veces con su puesto de trabajo, Mariano Pérez Sánchez, de profesión empleado de comercio, y los millones de infelices Marianos que a lo largo y ancho del mundo se levantan cada día a las seis de la mañana para ganarse la vida”

Esperanza Aguirre aprovecha como escusa el Real Decreto convalidado por la cámara de diputados y al cual su partido, el nuevo partido de los trabajadores, se opuso en su día, aplicándo ilegalmente a los empleados públicos de la Comunidad de Madrid una rebaja salarial impuesta por su mayoria parlamentaria.

La reducción del 5% del salario (el nivel más bajo, peones, mozos de limpieza, subalternos, ordenanzas y auxiliares administrativos, tienen una retribución de 23.894 euros al año. Un conductor de metro cobra, 28.903 euros anuales) ha sido el detonante del conflicto y los servicios mínimos del 50%, reiteradamente considerados abusivos por los tribunales, la radicalización del mismo.

En algunas tertulias radiofónicas de la misma tendencia que los diarios que han vertido toda clase de descalificativos a los trabajadores de metro, se ha dicho que la solución es acudir a esos mismos tribunales si se considera un atentado contra el derecho de huelga lo impuesto por la CAM, para que emitan una resolución, pero nunca incumplir lo esencial. ¿Otra vez? Ya se hizo en el pasado y en el pasado la justicia sentenció lo abusivo de la decisión ¡¡¡ UN AÑO Y MEDIO DESPUES DE FINALIZADO EL CONFLICTO!!!

¿Quién incumple la legalidad a sabiendas, por tanto?

Estas sentencias no obligan a establecer servicios esenciales no abusivos en posteriores huelgas, por cierto un derecho constitucional, algo que parece olvidarse con facilidad. Asistimos por tanto a la vulneración permanente de este derecho que solo puede defenderse rompiendo el consciente abuso impuesto, ya que el amparo de la justicia no sirve para nada debido a su lentitud y nula vinculación.

Sin embargo, no solo los medios de rancio abolengo se han dedicado a maltratar desde sus rotativas a unos trabajadores que simplemente exigen que se cumpla su convenio colectivo, cuyos salarios no son precisamente los de la casta política que vergonzosamente aprobó en sede parlamentaria autonómica la reducción de los mismos, pasándose la ley por el arco del triunfo. También algunos partidos políticos y otros que están en ciernes se han despachado a gusto, mostrando su autentica ideología y demostrando que la sensibilidad social la tienen donde la espalda pierde su casto nombre.

Me ha sorprendido esta declaración vía e-mail que confirma algo que sospechaba: el Movimiento Democrático desborda por la derecha al mismísimo PP, teniendo una fijación obsesiva con la clase trabajadora a la cual exige sometimiento a la ley, sin hacer referencia alguna al origen y endurecimiento del conflicto: dos ilegalidades cometidas por el gobierno de Esperanza Aguirre. Curiosa forma de entender la legalidad vigente, con parcialidad en la demanda de su cumplimiento.

Si, fijación con esa clase trabajadora que nada ha tenido que ver en el estallido de la crisis financiera y económica, pero que está pagando sus concescuencias sin comerlo ni beberlo, como vaticinó Reverte en 1998. Tomen nota.