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Constitución de bautizado papel.

1 diciembre, 2007

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El alcalde de San Sebastián opina que su procesamiento ha sido debido, sobre todo, a la larguísima campaña electoral que el PP mantiene desde las pasadas generales que perdió contra todo pronostico. Y no le falta razón al primer edil donostiarra. En lo de la campaña me refiero.

El principal partido de la oposición lleva en campaña electoral desde entonces y en su recta final empieza a asumir algunas tesis, nada profundas, que defienden la necesidad de reformas constitucionales. Consciente el PP de que las imprescindibles para España y los españoles no le interesan por cuestiones meramente partidistas, hace hincapié en articulados que poco o nada cambiarían el actual estado de las cosas.

No sé si debido a intereses de partido únicamente, o también por cierto complejo, los populares no terminan de poner el dedo en la llaga constitucional y no terminan de denunciar las desigualdades que lleva implícitas.

A la Constitución Española le pasa lo que al Quijote de Cervantes. Todo el mundo tiene un ejemplar en su casa y son muy pocos los que lo han leído. Confieso que soy uno de ellos. Solo la he utilizado como consultor de algún articulo en especial que en un momento dado me hubiera podido interesar. Casi reducida a Enciclopedia General. Es una pena.

Sabemos de oídas que garantiza muchos derechos y que al mismo tiempo nos impone obligaciones: el derecho al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la sanidad. A contribuir al mantenimiento del estado, a respetar al diferente…

En el caso del derecho a una vivienda digna, me sucedió algo curioso hace unos años:

Por aquel entonces algunos desesperados se daban una autentica paliza de kilómetros en el autobús de San Fernando, para visitar al monarca español o al inquilino de turno de La Moncloa y recordarles lo que la Constitución reconoce como derecho fundamental: la vivienda. En suma les demandaban una casa, por tratarse de un derecho constitucional y por tanto este derecho deberia ser garantizado por los poderes públicos:

TITULO PRIMERO

CAPITULO TERCERO

Artículo 47

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Discutiendo de estos hechos con algunos tertulianos compañeros de fatigas taberneras, muchos de ellos llegaron a la conclusión de que la Constitución no es más que un compendio de buenas intenciones imposibles de llevar a la practica. Evidentemente yo discrepé de esa sentencia (me va en el caracter) debido a algo que según mi criterio obviaban: la Constitución somos todos.

Reduciendo nuestra sociedad a la más mínima expresión, compuesta por solo dos individuos, cada uno de ellos debe garantizar los derechos del otro. En pocas palabras, uno al otro deben proporcionarse una vivienda, en cumplimiento de la ley de leyes. Si elevamos exponencialmente los integrantes de esa sociedad, nos encontramos con la misma paradoja: la mitad de ellos deben garantizar ese derecho a la mitad de los otros de manera reciproca. Y así hasta llegar al volumen de ciudadanos que conformamos el estado español. Por tanto: ¿ qué es lo que garantiza la Constitución?. Esa es la gran pregunta. Se dice que una vivienda digna. O sea, una vivienda que reúna las condiciones de habitabilidad mínimas para ser considerada humanamente aceptable. Sin embargo, cuando no son dos mitades exactas las que recíprocamente se garantizan los derechos, sino que una parte de los integrantes acaparan los médios y los métodos de ejecución de este derecho y no hay un ente superior que devuelva el equilibrio de las cosas, la Constitución se convierte en papel mojado. Ese es el gran dilema que nos embarga y el gran problema que se nos presenta: como encajar los derechos constitucionales en una economía de libre mercado globalizado.

Llegados a este punto la conclusión es clara: la Constitución no garantiza el derecho a una vivienda digna, sino los recursos necesarios para acceder a ella, partiendo en igualdad de condiciones. Por tanto un derecho básico no puede estar sujeto a los vaivenes económicos ( siempre interesados) ni a la especulación de esa mínima parte social que ha acaparado las posibilidades garantistas. Es necesario por tanto dotar al ente corrector de las herramientas necesarias para que lo escrito pueda hacerse efectivo. Porque si es imposible debido al sistema económico que nos hemos dado, lo mejor es eliminar supuestos derechos imposibles de garantizar y adecuar la carta magna a la realidad.

Mejor esto que un cuento. Así debe ser, sino queremos que esta Constitución, o cualquier otra, siga durmiendo el sueño eterno en las estanterías de los muebles a modo de objeto decorativo y poco más.

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Categorías:REFLEXIONES
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